Nicolás Zambrano, juez ecuatoriano de la Corte Provincial de Sucumbíos, pasará a la historia. El día lunes 14 condenó a la empresa petrolera Chevron a pagar más de 8.000 millones de dólares por los daños ambientales cometidos entre 1964 y 1990 por la compañía Texaco (adquirida en el 2001 por la trasnacional). En un juicio que, debido a la materia y por el record en la indemnización, ha sido considerado del siglo por varios especialistas y medios.
El juez comentó a los periodistas que la petrolera estadounidense debe cancelar unos 8.646 millones de dólares a las comunidades indígenas para limpieza subterránea y de suelos, creación de un sistema de salud y recuperación de especies nativas y pueblos indígenas. Junto a ello ordenó a la petrolera pedir disculpas públicas a los indígenas por la contaminación causada en sus territorios. “Este reconocimiento público del daño causado deberá publicarse a más tardar dentro de 15 días (…), lo cual será considerado como una medida simbólica de reparación moral”, e incluso, en caso de no hacerlo, se duplicaría el monto que deberá pagar la firma. (Ver: Reuters, 14/02/2011).
Sin duda esta noticia es un ejemplo más de la importancia de la judicatura en la defensa de los derechos de la ciudadanía —sobre todo de aquella más pobre— frente a cualquier poder, sea quien sea. Especialmente esta resolución judicial se adscribe como una de las principales en una materia de defensa de los derechos de la población indígena y de sus recursos naturales, que últimamente se ha convertido en la principal fuente de conflictos a nivel de los países andinos como el Perú.
Y, aunque los demandantes van a apelar el fallo porque consideran que la indemnización no cubre el gran daño hecho por la empresa, es probable que una sentencia de este tipo haya elevado el nivel de confianza de los y las ecuatorianas en su Poder Judicial y Ministerio Público. En algunos trágicos y sonados casos peruanos, sería pertinente que algunos jueces y juezas emulen a su par ecuatoriano.
El juez comentó a los periodistas que la petrolera estadounidense debe cancelar unos 8.646 millones de dólares a las comunidades indígenas para limpieza subterránea y de suelos, creación de un sistema de salud y recuperación de especies nativas y pueblos indígenas. Junto a ello ordenó a la petrolera pedir disculpas públicas a los indígenas por la contaminación causada en sus territorios. “Este reconocimiento público del daño causado deberá publicarse a más tardar dentro de 15 días (…), lo cual será considerado como una medida simbólica de reparación moral”, e incluso, en caso de no hacerlo, se duplicaría el monto que deberá pagar la firma. (Ver: Reuters, 14/02/2011).
Sin duda esta noticia es un ejemplo más de la importancia de la judicatura en la defensa de los derechos de la ciudadanía —sobre todo de aquella más pobre— frente a cualquier poder, sea quien sea. Especialmente esta resolución judicial se adscribe como una de las principales en una materia de defensa de los derechos de la población indígena y de sus recursos naturales, que últimamente se ha convertido en la principal fuente de conflictos a nivel de los países andinos como el Perú.
Y, aunque los demandantes van a apelar el fallo porque consideran que la indemnización no cubre el gran daño hecho por la empresa, es probable que una sentencia de este tipo haya elevado el nivel de confianza de los y las ecuatorianas en su Poder Judicial y Ministerio Público. En algunos trágicos y sonados casos peruanos, sería pertinente que algunos jueces y juezas emulen a su par ecuatoriano.
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